El Salvador evalúa prorrogar el régimen de excepción contra menores de edad
Especialistas advierten que esta medida puede seguir profundizando un modelo punitivo que vulnera derechos de las infancias y el tejido social de las futuras generaciones salvadoreñas.
Con la entrada en vigencia del Decreto N° 539, los menores de edad procesados bajo la Ley Contra el Crimen Organizado ya no cuentan con los beneficios de rehabilitación de la justicia juvenil. Foto: EFE.
29 de abril de 2026 Hora: 16:45
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La Asamblea Legislativa de El Salvador debate una nueva extensión de 30 días para el régimen de excepción instaurado por el Gobierno de Nayib Bukele, en un contexto donde las recientes reformas legales permiten aplicar el máximo rigor punitivo contra la niñez.
Con la entrada en vigencia del Decreto N° 539, los menores de edad procesados bajo la Ley Contra el Crimen Organizado ya no cuentan con los beneficios de rehabilitación de la justicia juvenil, quedando expuestos a penas de prisión perpetua y juicios masivos sin individualización de cargos.
Esta nueva extensión del régimen se produce bajo críticas de organismos internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que señalan la consolidación de un sistema que criminaliza la infancia, por lo que aseveran que esta reforma transforma el sistema judicial de El Salvador al desplazar el enfoque de rehabilitación hacia un modelo de castigo extremo para la niñez.
#CIDH continúa monitoreando los efectos del régimen de excepción sobre los derechos humanos en #ElSalvador
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Claves de la reforma de Ley Penal Juvenil
Esta normativa iguala el trato de los menores con el de los adultos ante delitos graves, eliminando garantías fundamentales y estableciendo sanciones de por vida que rompen con los tratados internacionales de protección a la infancia.
Los puntos fundamentales para comprender el impacto de esta reforma es que se legaliza la cadena perpetua para personas menores de 18 años, se aplicará según lo dispuesto en el Código Penal ordinario, eliminando la distinción de edad.
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Asimismo, los menores procesados bajo la Ley Contra el Crimen Organizado quedan excluidos de los procedimientos de la justicia juvenil. Esto facilita la suspensión de garantías procesales y limita el acceso a una defensa técnica efectiva dentro de los juicios masivos.
Además la ley eleva los topes máximos de prisión. Los adolescentes de 16 años pueden recibir condenas de hasta 20 años de cárcel, mientras que niños de apenas 12 años pueden ser sentenciados a una década de prisión o a reclusión perpetua si el delito lo amerita según el Código Penal ordinario.
En casos vinculados a agrupaciones ilícitas, las medidas cautelares y penas no podrán ser revocadas o sustituidas por el juez con la flexibilidad anterior, quedando sujetas a un régimen de cumplimiento restrictivo y punitivo.
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En ese sentido, al priorizar el aislamiento prolongado y el castigo sobre la reinserción, la Administración salvadoreña ignora la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) convirtiendo la privación de libertad en una herramienta de exclusión definitiva.
El debate para la extensión de los 30 días
Esta medida pasó de ser una emergencia temporal a consolidarse como una política de Estado permanente que institucionaliza la indefensión jurídica y anula la presunción de inocencia para la juventud en nombre del populismo punitivo.
Bajo esa estrategia, aunque el Gobierno logró resultados históricos en la reducción de la violencia, organizaciones internacionales aseguran que fue al costo del desmantelamiento de los derechos humanos y la democracia. La narrativa de la Administración sostiene que estas medidas son necesarias para frenar la reincidencia y garantizar la seguridad ante delitos graves cometidos por menores.
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En ese sentido, la falta de mecanismos de revisión periódica efectiva y la saturación del sistema judicial generan un escenario donde el desarrollo de la personalidad del menor queda anulado por el aislamiento prolongado.
Mientras los legisladores se disponen a ratificar la prórroga de esta medida, la realidad en las comunidades sigue marcada por la incertidumbre. Pese al discurso oficial sobre la paz social, las denuncias por desapariciones y la instrumentalización de jóvenes por grupos criminales persisten como problemas de fondo.
Por su parte, expertos afirman que esta realidad vulnera las garantías constitucionales y el debido proceso pero la preocupación central radica en la normalización de funciones extraordinarias dentro de la justicia ordinaria lo que facilita la realización de juicios masivos sin la debida individualización de las responsabilidades.
En el marco de este debate, se resalta la contradicción entre el discurso oficial y la realidad en los territorios. La Administración enfatiza la reducción de homicidios y en paralelo las denuncias por desapariciones forzadas persisten, con reportes de cuerpos hallados en ríos y barrancas que no figuran en las estadísticas gubernamentales.
La decisión que tome el órgano legislativo esta semana reafirmará si el país continúa profundizando un modelo punitivo que, según especialistas y Organismos como UNICEF, vulnera el tejido social de las futuras generaciones salvadoreñas.
Autor: teleSUR - lf - JB
